De qué trata la nueva licencia por violencia de género para la administración pública nacional

Por Kathrin Ecke

Finalmente las trabajadoras de la administración pública nacional cuentan con una licencia por violencia de género. ¡Esto es una muy buena noticia!

El 16 de enero se publicó en el boletín oficial la resolución que contiene el protocolo que acordaron elaborar el Poder Ejecutivo Nacional y las Entidades Sindicales al incorporar 15 días de licencia por violencia de género en el Convenio Colectivo de Trabajo General homologado en noviembre del 2018.

Este protocolo llega en un momento en el que está pendiente de tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de Ley Equidad de Género, enviado por el presidente Mauricio Macri a principios de 2018, que establece la obligatoriedad de que, tanto el sector privado como el público, incorporen 10 días de licencia por violencia de género. A su vez, vale destacar que Chubut, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires ya cuentan con este tipo de licencias para quienes trabajan en la administración pública.

Por qué es importante

La implementación de la licencia por violencia de género es una medida esencial, ya que busca asegurar que quien está atravesado una situación de violencia de género no ponga en riesgo su fuente de ingreso al buscar protegerse. La autosustentación de aquellas personas que están transitando violencia de género, en el terreno de la convivencia familiar o de la pareja, es fundamental para salir de esa situación.

Qué establece el protocolo

• Presentación de constancia de una denuncia policial o judicial

Para hacer efectiva la licencia por violencia de género, el protocolo que la implementa exige que quien la solicite presente, en un plazo máximo de cinco días, una constancia de una denuncia policial o judicial. Este requisito ignora que, por la complejidad estructural de la violencia de género, quien la está transitando puede no estar decidido a realizar una denuncia, por el riesgo que esta representa para sí misma, y, de todas formas, necesitar hacer uso de la licencia.

Sobre este punto, corresponde considerar la opción de incorporar espacios alternativos de atención o la flexibilización de este requisito. Es importante que al establecer estos procesos se considere la complejidad que significa llegar a realizar una denuncia o/y, a la vez, encontrar un espacio seguro previo a realizarla.

• Utilización de los días de forma corrida únicamente

En el mismo sentido, el hecho de que los 15 días previstos para la licencia pueden solicitarse únicamente de forma corrida, ignora que la necesidad de estos días puedan surgir por distintos motivos y no solamente para la presentación de una denuncia. Si bien es cierto que muchas personas pueden necesitarlos de forma corrida, la realidad es que tanto los procesos de denuncia como las necesidades de cada persona son diversas.

Existen ejemplos de organizaciones que, como Avon, han implementado la licencia por violencia de género sin requerir que quienes la soliciten deban acreditar que han realizado una denuncia de manera formal y habilitando que los días puedan tomarse de manera corrida o de forma discontinua.

• Capacitación del personal responsable de implementarla

El protocolo establece que los diferentes organismos de la administración pública nacional deberán capacitar a su personal en el abordaje de esta temática, para que puedan brindar contención y asistir al denunciante.

Esta medida es de suma importancia, ya que, solamente de esta forma, quienes realicen una denuncia podrán ser acompañados y asesorados para transitar la situación de violencia. La licencia debe ser parte de una respuesta integral por parte del Estado a quienes atraviesan esta situación.

• El lenguaje

Por último, si bien no tiene que ver con la implementación de la licencia, es importante mencionar que el lenguaje utilizado en el protocolo invisibiliza a las personas que atraviesan situaciones de violencia de género. Referirse a la persona que podría requerir la licencia como “el agente” es excluyente y discriminatorio. La utilización de figuras neutras significa reconocer y, a la vez, incluir a quienes son las personas que utilizan la licencia por violencia de género. Como sabemos, la desigualdad estructural pone en una situación de especial vulnerabilidad tanto a las mujeres como a las personas del colectivo LGBTIQ+.

El rol del Estado

La realidad es que desde la adhesión de Argentina a tratados internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que protege los derechos humanos de las mujeres, tanto el Estado Nacional como los Estados Provinciales se ven obligados a implementar medidas para evitar, ya sea por omisión o por acción, tomar decisiones que sostengan o ignoren la violencia de género.

En ese sentido, el protocolo viene a cumplir con esta obligación asumida por Argentina. El objetivo de este instrumento es adoptar medidas que prevengan, sancionen y erradiquen la  violencia de género, cumpliendo con el principio de debida diligencia. Esto es, la responsabilidad del Estado de identificar los riesgos para mitigarlos, mediante acciones concretas que garanticen el cumplimiento de los derechos que se buscan proteger.

La violencia contra las mujeres e identidades disidentes tiene carácter universal, es decir, puede producirse en todos los espacios y esferas de la interacción humana. Esto significa que el Estado debe prestar todas las herramientas y protección necesaria para que quien la sufre pueda erradicarla de su vida y hacer pleno ejercicio de sus derechos.

Los desafíos pendientes

En la actualidad, solamente quienes trabajan en la administración pública nacional y en la de las provincias antes mencionadas acceden a las licencias por violencia de género. Siendo obvia la importancia de estas licencias, es urgente avanzar y hacerla extensiva a las personas que trabajan en el sector privado y a aquellas provincias que aún no la han incorporado.

El proyecto de Ley de Equidad de Género ya mencionado, representa una gran oportunidad para que quienes nos representan incorporen a nuestra legislación una licencia por violencia de género que se implemente de forma flexible, que permita considerar las necesidad de cada caso, que no exija una denuncia de manera formal y que permita que quien la solicite la use los días que necesite de forma corrida o discontinua, según le sea más conveniente.

Ilustración de Annalisa Grassano